Nueva Ley de Seguridad Ciudadana

La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana prevé importantes cambios en el control de los servicios de telefonía e internet. El más relevante de los que contempla el borrador del Anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre impone el registro documental a todos los establecimientos que ofrezcan al público llamadas telefónicas o conexiones a Internet. Es decir, que los usuarios de locutorios y cibercafés estarán obligados a identificarse previamente con su DNI para poder acceder a esos servicios.

En el artículo 24 del borrador del Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, el punto primero de ese punto establece que “las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, tales como hospedaje, servicios de telecomunicaciones por medio del acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público, […] deberán cumplir las obligaciones de registro documental” so pena de estar incurriendo en la comisión de una infracción administrativa grave (multa de 1.001 a 30.000 euros).

Los usuarios de estos servicios no son mencionados directamente por la ley pero se entiende que los comercios prohibirán el acceso a sus conexiones de internet a todos aquellos clientes que no hayan mostrado antes su DNI, a no ser que quieran exponerse a una sanción.

En opinión de la AEPD, el texto incumple la legislación  de protección de datos en uno de sus puntos esenciales: la creación de una base de datos para almacenar los antecedentes administrativos de los ciudadanos con la finalidad de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas que repercutan directamente sobre la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo que reglamentariamente se desarrolle, por lo que se crea un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana. En este nuevo fichero quedarán anotados los “datos personales del infractor”; “infracción cometida, especificando, en su caso, las circunstancias concurrentes”; “sanción o sanciones impuestas, con indicación de su alcance temporal, cuando proceda”, y el “lugar y fecha de la comisión de la infracción”

La Agencia de Protección de Datos considera que la redacción actual de la norma no garantiza la privacidad de los ciudadanos que hayan cometido alguna infracción, pero al parecer parecen defectos de carácter meramente técnicos, por lo que desde el Ministerio de Interior se está trabajando para subsanarlos cuanto antes.


Fuente:  El Confidencial

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