El fichero UCPI de “sospechosos” bajo “sospecha”

El pasado 5/12/14 se publicó en el BOE, una disposición general del Ministerio del Interior por la que se ha creado -entre otros ficheros- una base de datos en la que pretende incluir, a todas las personas que considere sospechosas de algún delito o relacionadas con alguna investigación.

Entre las personas interesadas se pueden incluir sospechosas aunque no tengan antecedentes penales ni estén imputadas judicialmente, porque serán los propios funcionarios quienes decidan qué personas se pueden incluir en ese archivo automatizado por considerarlas relacionadas con algo ilegal, aunque sea una simple «infracción».

Se prevén cesiones de datos y transferencias internacionales y este fichero deberá aplicar medidas de seguridad de nivel alto.

A mí me surgen varias dudas sin resolver por el momento…

¿Pero, realmente debería existir este fichero? A la vista del artículo 22 LOPD, en su apartado 2, establece que: “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.

Este artículo, habla de la legitimación para tratar datos con fines policiales  siempre que se den dos presupuestos un “prevenir un peligro real para la seguridad pública” o la necesidad de “represión de infracciones penales”. En este caso, al tratarse de personas catalogadas por los propios funcionarios únicamente como “sospechosas” no parece que a priori se tengan por qué dar estos dos supuestos legitimadores.

Por otra parte, ¿en relación al deber de informar cuando el motivo que justifica el tratamiento de los datos se base en una mera sospecha y no afecte a la Defensa Nacional, a la seguridad pública ni a la persecución de infracciones penales, se informará debidamente a las personas interesadas de la inclusión de sus datos como sospechoso/a en dicha base de datos? ¿Cuánto tiempo se van a conservar dichos datos de personas “sospechosas”? ¿Si quiero ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dónde tengo que acudir? Es cierto que en la Orden de creación del fichero se indica que se debe realizar en la División de Cooperación Internacional. Pero ¿cómo se materializa el ejercicio de estos derechos si ni siquiera me informan de mi inclusión en el mismo?

Por otra parte, la propia orden faculta al tratamiento de los datos de personas sospechosas a través de «comunicaciones» de otros cuerpos de cualquier tipo, como correo electrónico o fax. ¿No se vulnera con ello el derecho constitucionalmente reconocido en el art. 18.3 CE, al secreto de las comunicaciones?

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